Aviso legal y condiciones de uso

Última revisión: 13 de septiembre de 2026.

Titular y actividad

Full Back Insurance desarrolla actividad de correduría de seguros. La inscripción comprobada en el registro de la DGSFP es J4054, con fecha de alta 18/04/2022. Puede consultarse en el registro de distribuidores de la DGSFP buscando por NIF B67688358. La actividad de distribución se rige por el Real Decreto-ley 3/2020.

La correduría tiene concertado un seguro de responsabilidad civil profesional y dispone de capacidad financiera conforme a la legislación vigente.

Comparación y asesoramiento

Mostramos las ofertas disponibles de las compañías y productos incorporados al comparador para los datos que facilitas. No se presenta como una comparación de todas las pólizas del mercado. La ordenación de resultados no constituye por sí sola una recomendación personalizada.

La correduría actúa en representación del cliente y ofrece asesoramiento objetivo y personalizado, sin acuerdos de exclusividad con aseguradoras. No existen participaciones directas o indirectas del 10 % o más entre la correduría y una aseguradora en ninguno de los dos sentidos, incluyendo la matriz de la aseguradora. Nuestra remuneración por la intermediación procede de comisiones incluidas en la prima del seguro; no altera los precios oficiales de venta de las compañías. No cobramos honorarios adicionales al cliente.

Descargar información previa del mediador (PDF, versión 1.1 de 13/09/2026).

Presupuesto, solicitud y documentos

El cálculo depende de los datos del riesgo, modalidad, fecha de efecto, periodicidad y promociones aplicables. Revisa el importe total, los recibos, los copagos, carencias, límites y exclusiones. Corregir datos puede exigir una nueva cotización. La publicidad o el resumen de la web no sustituye el documento de información del producto ni las condiciones del seguro.

Pedir un presupuesto o enviar una solicitud no activa cobertura ni emite una póliza. Antes de contratar deben facilitarse en soporte duradero la información del mediador, el documento de información sobre el producto y las condiciones contractuales aplicables. La aceptación del riesgo y la fecha de inicio deben quedar confirmadas por la aseguradora.

Si el seguro se contrata a distancia por un consumidor, resulta aplicable la Ley 22/2007. Con carácter general, el plazo de desistimiento de un seguro de salud es de 14 días naturales, sin penalización y sin necesidad de indicar motivo, con las excepciones legales que procedan. El cómputo y las instrucciones concretas deben constar en la información contractual; si esta se recibe después de la contratación, el plazo empieza al recibirla. El inicio del servicio antes de finalizar el plazo requiere la solicitud que corresponda y puede dar lugar al pago del servicio efectivamente prestado.

Consultas y reclamaciones

Puedes dirigir consultas o incidencias sobre esta web a info@saludator.com. Para una reclamación sobre la intermediación, puedes acudir al Servicio de Atención al Cliente de APROMES: atencionalcliente@apromes.es. La titular que figura en el registro de la DGSFP es Ana Moreno Prieto. Identifica a Full Back Insurance, S.L., explica los hechos y tu petición y aporta la documentación relacionada. Puedes solicitar el reglamento del servicio en ese mismo canal. Las reclamaciones del contrato se dirigen al servicio de atención al cliente de la aseguradora que corresponda. También puedes consultar el procedimiento y requisitos para reclamar ante la DGSFP, sin perjuicio de la vía judicial.

Uso de la web y propiedad intelectual

Utiliza la web con datos veraces y sin perjudicar a otras personas ni al servicio. Los contenidos propios y las marcas de terceros están protegidos por los derechos que correspondan a sus titulares, sin perjuicio de los usos permitidos legalmente. Puedes comunicar errores o contenidos indebidos a nuestro contacto.

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Privacidad, cookies y ley aplicable

Consulta la política de privacidad y la política de cookies. La analítica requiere una elección expresa; la mera navegación no la autoriza.

Se aplica la legislación española, sin perjuicio de las normas imperativas de protección que correspondan. Para controversias serán competentes los tribunales determinados por la normativa aplicable, respetando el fuero del consumidor.